La Pandemia y la Desigualdad.

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Redacción

Tras seis meses de convivir con el virus del COVID19 y después de que el mundo reaccionó a la emergencia sanitaria, estamos empezando a ver algunas de las consecuencias a largo plazo. Hace unos días, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) encabezada por Alicia Bárcena informó que a consecuencia de esta crisis, podrían caer a la pobreza y pobreza extrema 83.4 millones de personas en América Latina y el Producto Interno Bruto disminuirá entre 9.1% y 9.4%.

El pronóstico para México no es nada halagüeño. La CEPAL proyecta una contracción económica del 8.4% en México en 2020 lo que significaría la pobreza de 20 millones de mexicanos. “Se prevé ahora un aumento también mayor del desempleo, que a su vez provocará un deterioro importante en los niveles de pobreza y desigualdad” declaró Alicia Bárcena. También se observa que las mujeres serán las más afectadas en la contracción y en la recuperación si no se proveen servicios como guarderías para que puedan reincorporarse al mercado laboral. Según la CEPAL, se disparará la desigualdad medida por el índice de Gini entre 1% y un 8% y los peores resultados se esperan en las economías más grandes de la región.

La CEPAL está promoviendo la adopción de un ingreso básico universal de emergencia como un mecanismo para prevenir ese escenario catastrófico. Una propuesta en este sentido se discute en el Senado de México, e implicaría un pago de 3 mil pesos mensuales a todos los trabajadores formales e informales.

Por su parte, Antonio Guterres, Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, dijo en un artículo que publicó el fin de semana, que para combatir la desigualdad exacerbada por la pandemia del COVID19, es necesario un «nuevo contrato social». Este nuevo contrato social debe unir las voluntades de los gobiernos, las personas, la sociedad civil, la iniciativa privada y otros en una causa en común. Para que este nuevo contrato social se vuelva efectivo debe de haber una distribución del poder y de los recursos económicos de manera más equitativa. El objetivo de este nuevo contrato social debe ser impulsar un nuevo pacto fiscal que permita cobertura médica universal básica, impuso a la educación en todos los niveles y un ingreso básico universal.

El G20 adoptó un plan de acción en respuesta al COVID19 que busca entre otras cosas fortalecer los sistemas de salud y utilizar medidas fiscales y monetarias para mitigar la crisis económica, aunque la posición de México fue que dichas medidas no deben causar poner presión fiscal excesiva a las finanzas públicas. La OCDE, le presentó propuestas al G20 para atemperar la crisis durante los próximos meses y las propuestas incluyen un fortalecimiento a la recaudación, incluida la posibilidad de impuestos al capital. Sin embargo, el secretario general José Ángel Gurría advirtió que no se deben dar con demasiada premura la restructura fiscal porque podría socavar la recuperación.

En suma, para salir del atolladero circulan varias propuestas – mayor gasto, ingreso básico universal y en su momento mayor recaudación de los grandes capitales que permitan reducir la desigualdad – que deberían caer bien en los gobiernos de izquierda en todo el mundo pero que no parecen ir de acuerdo con un discurso de austeridad a rajatabla.

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